Yahoo Finance Un distrito escolar de California está bajo investigación federal por presunta discriminación
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos abrió una investigación sobre el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Paso Robles por presunta discriminación contra los miembros de la comunidad latina e hispanohablante.
La supuesta discriminación se produjo principalmente durante el proceso del Comité Asesor 7-11 del distrito escolar el año pasado, cuando el organismo del distrito estudió si debía cerrar una escuela para reducir los costos y ajustarse al estancamiento de las inscripciones.
Ese comité eligió la Georgia Brown Elementary School el único sitio del distrito que alberga un programa de inmersión dual español/inglés– como el plantel que debería cerrar. El distrito aún no adopta medidas sobre la recomendación del comité.
Una de esas reuniones incluyó un enfrentamiento entre activistas y el presidente de la Junta, Chris Arend, quien los reprendió por dirigirse a la junta en español.
Además, es posible que la junta haya discriminado a los miembros de la comunidad hispanohablante en las reuniones del consejo escolar tras el anuncio de la decisión del Comité 7-11, según la denuncia sobre la supuesta discriminación. El Comité 7-11, llamado así porque la ley exige que tenga entre siete y once miembros, estaba compuesto por once miembros.
Desde entonces, el distrito ha mejorado la forma de comunicarse con los miembros hispanohablantes de la comunidad, añadiendo un intérprete en las reuniones de la junta y enviando los órdenes del día y los anuncios en español.
La queja fue enviada a la oficina de San Francisco de la Oficina de Derechos Civiles el 2 de junio por los abogados de dos organizaciones, la California Rural Legal Assistance Inc. y el Lawyers’ Committee for Civil Rights, en nombre del grupo activista local Paso’s People Action.
“La negligencia deliberada y el dolor intencionado del distrito escolar hacia la comunidad latinx en Paso Robles no deben ser ignorados, ya sea por no proporcionar formularios del comité en español o por su deseo de poner las ganancias por encima de las personas en su cierre de Georgia Brown Elementary, una escuela en un distrito de mayoría minoritaria”, dijo Yessenia Echevarría, cofundadora de Paso People’s Action, en una declaración preparada sobre la queja. “El daño que han causado tendrá impactos a largo plazo en la comunidad y afectará a todo, desde la equidad educativa hasta la participación política”.
En respuesta a la queja de junio, la Oficina de Derechos Civiles dijo que investigará tres acusaciones principales:
El distrito discrimina a los padres y miembros de la comunidad de habla hispana al no comunicarse con ellos en un idioma que puedan entender en las reuniones del consejo escolar y del Comité 7-11;
El distrito trató a los padres y miembros de la comunidad latinos de manera diferente al negarles la oportunidad de participar como miembros del Comité 7-11, y
El distrito discriminó a los estudiantes latinos y a los que aprenden inglés al recomendar el Comité 7-11 el cierre de la Georgia Brown Elementary School.
El superintendente del Distrito, Curt Dubost, respondió a la queja y a la investigación de la Oficina de Derechos Civiles el jueves por la tarde, reiterando que una de las prioridades del distrito ha sido proporcionar servicios de interpretación en español en cada reunión de la junta y asegurar que el público esté informado del proceso en curso con respecto al posible cierre de la escuela.
“El distrito da la bienvenida a la oportunidad de mostrar evidencia de nuestro cumplimiento con la ley aplicable y la participación de todos los miembros de nuestra comunidad escolar en el gobierno de nuestro distrito”, escribió Dubost en un comunicado. “Corregimos ya cualquier deficiencia en ese cumplimiento. El distrito niega firmemente cualquier discriminación contra los estudiantes latinos o sus familias y tiene numerosas iniciativas para asegurar la participación de todos los miembros de nuestra comunidad.
“El distrito se esfuerza por ir más allá para asegurar que todos los miembros de nuestra comunidad estén informados y puedan participar en todos los aspectos de la educación de los niños de la comunidad de Paso Robles”, continúa su declaración. “También damos la bienvenida a cualquier conversación con los miembros de nuestra comunidad que tienen sugerencias para ayudarnos a aumentar la participación de la comunidad”.
Al abrir una investigación sobre las acusaciones, la Oficina de Derechos Civiles dijo que “de ninguna manera implica ... sus méritos”, según la agencia.
Los denunciantes dicen en su carta del 2 de junio que el distrito debe convocar otro comité asesor para reexaminar el posible cierre de la escuela y “participar en un proceso de toma de decisiones que incluya a los padres hispanohablantes de los estudiantes inscritos en el distrito”.
La carta también pide a la Oficina de Derechos Civiles que ordene al distrito “no implementar ninguna medida para cerrar la Georgia Brown Elementary School”.
Miembros del Comité 7-11 reconocieron la falta de representación y de traducción
En el informe de 144 páginas que presentaron al consejo escolar en enero sugiriendo el cierre del campus Georgia Brown, los miembros del Comité 7-11 reconocieron la falta de representación durante el proceso.
“Las decisiones de esta magnitud y los procesos para llegar a ellos (los estudiantes de inglés) DEBEN incluir a todas las partes interesadas y me temo que esta importante población ha quedado fuera de la discusión hasta ahora en gran parte debido a las restricciones de reunión impuestas por la pandemia del COVID-19”, escribió Rita Koski, miembro del comité, en el informe de enero. “Ningún comité futuro debería celebrar una sola reunión sin representación de las familias de los estudiantes de inglés de nuestro distrito”.
Moria McNellis, otra miembro del comité, indicó su acuerdo con las declaraciones de Koski en el mismo informe.
“Muchos miembros del comité presentaron preocupaciones que han escuchado de aquellos que no están representados; sin embargo, no darles los medios apropiados para ser parte de las discusiones significa que probablemente habrá problemas o desafíos que no pudimos comprender o abordar en nuestras propias conversaciones”, dicen los comentarios de McNellis. “A medida que la junta avanza recomiendo que haya un esfuerzo para incluir a los padres, permitir el acceso en el idioma nativo de las familias (español), y hacer que sea un ambiente acogedor en el que las familias puedan ser parte de la solución con nuestro distrito”.
Alrededor del 35% del distrito escolar de Paso Robles está compuesto por estudiantes de inglés cuya lengua principal es el español, según datos del Departamento de Educación de California. Las escuelas públicas de California con un 15% o más de su población que hable una lengua primaria distinta del inglés están obligadas por ley a proporcionar todos los “avisos, informes, declaraciones o registros” en ese idioma a los padres o tutores. La solicitud enviada por el distrito escolar en busca de miembros del Comité 7-11 se publicó solo en inglés. Todas las notificaciones, órdenes del día y actas de las reuniones del comité también se publicaron únicamente en inglés. A partir de marzo aproximadamente, el distrito comenzó a enviar las agendas de las reuniones de la junta directiva y los anuncios del distrito en español. En una respuesta a la composición del Comité 7-11, Lozano Smith, el bufete de abogados que representa al distrito escolar de Paso Robles, dijo en una carta de febrero que “parece que el proceso del Distrito para formar el Comité cumplió con la práctica sana y la ley aplicable”. Esa carta no abordó la falta de traducción al español de la solicitud del Comité del 7-11, las notificaciones de las reuniones, las agendas y las actas. “Todos deberían tener la misma oportunidad de recibir una educación en este país. Todos los padres deberían tener la misma voz en la educación de sus hijos. Estas son las promesas de nuestras leyes de derechos civiles”, dijo Frank Kopcinski, abogado director de la Oficina de Asistencia Legal Rural de California en San Luis Obispo, en una declaración preparada. “Al negar a los padres latinx la oportunidad de participar en su comité asesor y al no proporcionar servicios de interpretación adecuados en sus reuniones de la junta directiva, el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Paso Robles violó estas leyes, silenció a los miembros de su comunidad y participó en una discriminación ilegal”.
Presunta discriminación en reuniones previas del consejo escolar de Paso Robles
La investigación formal de la Oficina de Derechos Civiles se produce después de meses de acaloradas discusiones y comentarios públicos en las reuniones de la junta escolar de Paso Robles a principios de este año. En una reunión del 13 de enero, miembros de la comunidad, incluyendo a Echevarría, se enfrentaron con miembros de la junta por intentar hablar en español para discutir la inminente recomendación del Comité 7-11 de cerrar el campus de Georgia Brown. Después de que algunos comentaristas intentaron hablar en español y exigieron un intérprete, el presidente de la Junta Chris Arend respondió pidiendo a la gente que hablara en inglés. “De acuerdo con la Constitución de California, el idioma oficial del estado de California es el inglés, y llevamos a cabo nuestros asuntos en inglés”, dijo Arend durante la reunión de enero. “Tratamos de dar cabida a los oradores que no tienen suficiente dominio del inglés, pero quiero recordar a todos los que están ahí: Si tienen suficiente dominio del inglés, por favor, hablen en un idioma que entendamos”.
Elena García, una trabajadora social de Paso Robles, dijo durante los comentarios públicos en la reunión de enero que el hecho de no tener un intérprete certificado en español planteaba problemas para la comunidad. “Si los miembros de nuestra comunidad hispanohablante quieren hablar durante el comentario público, técnicamente estaría cayendo en oídos sordos para aquellos que no entienden el español”, dijo García en ese momento. “Eso no es acogedor para nuestra comunidad hispanohablante. ¿Y cómo esperamos que participen?” Aunque el distrito contrató más tarde a un intérprete de español certificado para que estuviera presente en todas las reuniones de la junta, Echevarría y otros miembros de la comunidad de habla hispana continuaron enfrentando problemas en sus intentos de dirigirse a la junta. En una reunión del 27 de abril , Echevarría abordó cómo cree que Arend había sido “abusivo” con los miembros de la comunidad hispanohablante en sus comentarios sobre la interpretación en las reuniones. Los comentarios de Echavarría se hicieron en español y duraron más de los tres minutos típicos que se asignan a los oradores públicos debido a la interpretación en español. En respuesta, Arend dijo que “esto fue una idiotez, esta mujer habla inglés con fluidez y desperdició aproximadamente ahora otros cinco minutos de nuestro tiempo para hacer una demostración”. “La exclusión de los padres y miembros de la comunidad latinos y con dominio limitado del inglés de participar en las reuniones del consejo escolar es una flagrante violación de los derechos civiles, particularmente en un distrito escolar donde los estudiantes latinos representan más del 56% de la inscripción total”, dijo Deborah Escobedo, abogada principal de justicia racial del Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco, en una declaración preparada. “El Título VI prohíbe a los distritos escolares negar a cualquier persona –independientemente de su raza, color u origen nacional– la oportunidad de participar como miembro de un órgano consultivo, y sin embargo el distrito escolar sigue incumpliendo la ley”. No está claro cuánto tiempo durará la investigación de la Oficina de Derechos Civiles ni cuál será el resultado.
