Yahoo Finance ¿Por qué se están yendo los ‘Dreamers’ de South Carolina? ‘Es como una relación tóxica’
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Jackie Mayorga se graduará este año con una maestría de una de las mejores universidades de trabajo social del país. Habla español e inglés, y comprende un tercer idioma, la lengua indígena de su madre, quien también nació en México.
Aunque hubiera podido elegir a dónde ir después de terminar sus estudios en Massachusetts, Mayorga sueña con regresar eventualmente a Carolina del Sur, donde se crio en Columbia desde que tenía 3 años, para construir un centro comunitario que ayude a los estudiantes de bajos ingresos a ingresar a la universidad.
El estado la necesita con urgencia. A principios de la década de 2000, la población hispana creció más rápido en Carolina del Sur que en cualquier otro estado. Y en las últimas tres décadas, se ha multiplicado por diez. La dotación de personal no ha podido estar a la altura de ese crecimiento. Los puestos de trabajo bilingües en los hospitales están vacantes y los maestros blancos superan en número a los hispanos de 40 a 1. Se proyecta que al estado le faltarán casi 3.000 trabajadores sociales para el 2030.
Pero los habitantes de Carolina del Sur van a privarse del talento de Mayorga, por varias razones. La primera es sencilla: va contra la ley que ella labore como trabajadora social con licencia en el estado.
Miles como Mayorga están excluidos de más de 100 carreras comunes que requieren licencias profesionales u ocupacionales emitidas por el estado. Estas incluyen profesiones de ‘cuello blanco’ como médicos y arquitectos, pero también aquellas como masajistas y cosmetólogos.
Mayorga es uno de los 5,660 inmigrantes en el estado a quienes a menudo les llaman “Dreamers”. Cada uno ha obtenido el estatus DACA del gobierno, el acrónimo de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, después de presentar una amplia documentación para demostrar que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños pequeños, que han vivido en el país desde 2012 y que no representan un riesgo para la seguridad pública. No tienen un camino para solicitar la ciudadanía estadounidense, pero están autorizados para trabajar y pueden obtener el número del seguro social y conseguir su licencia de conducir.
Son “la flor y nata de la cosecha, en lo que respecta a los inmigrantes indocumentados”, dijo el representante estatal Neal Collins, republicano por Pickens, quien ha defendido al grupo en la Legislatura.
Un proyecto de ley redactado por Collins pronto permitirá que los “Dreamers” se conviertan en profesionales licenciados en la mayoría de las carreras de las cuales actualmente están excluidos. En abril, el proyecto se aprobó con apoyo bipartidista en la Cámara. Si se aprueba en el Senado y lo firma el gobernador Henry McMaster, la ley cambiaría a favor de ellos este año.
Los defensores consideran la legislación como una señal alentadora para el estado y la economía, pero aun así solo comenzará a aliviar los retos que enfrentan los beneficiarios de DACA en Carolina del Sur.
A pesar del hecho de que los inmigrantes indocumentados pagan aproximadamente $67.8 millones en impuestos estatales y locales, las leyes de Carolina del Sur no permiten que los beneficiarios de DACA, la mayoría de los cuales nacieron en México y Centroamérica, tengan derecho a recibir parte de los casi $400 millones en becas anuales financiadas por el estado, algunas de las cuales las paga la Lotería de Educación de Carolina del Sur, que otros estudiantes de escasos recursos y alto rendimiento pueden obtener.
Las limitaciones ocupacionales y educativas que enfrentan los “Dreamers” en Carolina del Sur son algunas de las más restrictivas del país. Pero las leyes en sí mismas no son el único problema.
Una investigación realizada por reporteros de The State Media Company y The Island Packet revela que los beneficiarios de DACA informaron haber sido víctimas de desinformación sobre las leyes cuando estudiaban en instituciones educativas de Carolina del Sur, y dijeron que el racismo era tolerado en las escuelas a las que asistían. En conjunto, el clima “tóxico” que describieron hizo que sus situaciones fueran más difíciles de lo que las leyes requerían, dijeron, y ha llevado a algunos a optar por abandonar el estado.
Los reporteros hablaron con siete de los miles de estudiantes de Carolina del Sur con estatus DACA. Aunque crecieron en el Lowcountry, los Midlands y el Upstate, sus historias de maltrato y desinformación se parecieron.
“Se apropiaron del estereotipo que se imaginaron que yo era”
Tan pronto como aprendió inglés en Spartanburg, Alejandra González-Rizo resultó sobresaliente.
Tan excelente que en cuarto grado la recomendaron para el programa de superdotados del distrito escolar. Tan excelente que en sexto, cuando un niño pronunció mal una palabra al leer en voz alta, ella lo corrigió reflexivamente.
“Cállate antes de que llame a la migra”, le dijo este, mientras la maestra se mantuvo callado. “Ella siguió con la clase como si fuera completamente normal”, recordó González-Rizo.
No era tan excelente como para evitar que la hicieran sentir inferior constantemente.
Todos menos uno de los beneficiarios de DACA con los que hablaron los reporteros dijeron que habían sido acosados o señalados por su origen étnico. Los maestros frecuentemente no castigaban a otros niños por hacer comentarios racistas, dijeron, o el personal se comportaba de manera racista.
Cuando Jessica Bonilla García, de 27 años, se graduó del Hilton Head High School, era franca y popular. Había sido coronada reina del baile de bienvenida y del baile de graduación y fue candidata para el honor más prestigioso como estudiante de la escuela. Pero cuando asistía a la escuela secundaria Hilton Head Island, los estudiantes la mandaban callarse porque no tenía tarjeta verde.
“Me preguntaba, ¿qué diablos es una tarjeta verde? No me enseñaron esto”, dijo García “Recuerdo que llegué a casa llorando. Estoy pensando, año nuevo, comienzo nuevo, y este niño me está intimidando porque soy latina”.
Un profesor de inglés que trabajaba en su escuela secundaria de Charleston le dijo a Luis Balderas López, de 22 años, que debido a que era inmigrante, nunca llegaría muy lejos.
Y cuando los estudiantes de su escuela secundaria de Anderson comenzaron a gritar, “BUILD THE WALL”, la lema no oficial de los seguidores del ex presidente Donald Trump, Aylin Gómez, ahora de 21 años, nacida en México, dijo que los maestros no hicieron nada.
Ella y González-Rizo recordaron que el racismo tolerado en el aula luego se convirtió en algo más que una serie de palabras hirientes: menguó su progreso académico. Ambas relataron que se sintieron bloqueadas para tomar cursos avanzados por motivos vinculados a su origen étnico o a su clasificación previa como estudiantes del idioma inglés.
“Se apropiaron del estereotipo de lo que se imaginaron que yo era: la chica mexicana de piel muy morena que es tonta”, dijo González-Rizo. “Siempre odié el hecho de que pudieran imponerme esa narrativa”.
En la escuela secundaria, mal informados por los orientadores
Aunque la mayoría de los estudiantes con los que hablaron los reporteros dijeron que les habían avisado a sus consejeros vocacionales de la escuela secundaria sobre su estatus migratorio, todos recibieron mala información en algún momento o no fueron informados en absoluto sobre las restricciones financieras y profesionales que les aplicaban en Carolina del Sur.
En Charleston, Jessika Motta, de 25 años, no tenía idea de que su consejera vocacional le estaba ofreciendo información que no se aplicaba a ella. Por supuesto, sus padres brasileños no podían aconsejarla sobre su asistencia a la universidad en Estados Unidos; no sabían nada del proceso, dijo.
“Era la única persona que yo sabía que podía ayudarme”, dijo Motta. “Y ella no tenía las herramientas adecuadas, o supongo, el conocimiento apropiado para ayudar”.
A Motta siempre le habían dicho en las escuelas cuando era niña que podría llegar a ser lo que quisiera ser, recuerda, y que su consejera le había dicho que podría optar a las becas LIFE y Lottery Tuition Assistance. Ambas subvenciones están reservadas para los residentes de Carolina del Sur.
Para 2030, se anticipa que Carolina del Sur tendrá una de las escaseces de enfermeras más graves del país, según la Oficina de Fuerza Laboral de la Salud. Pero años después de inscribirse en sus primeras clases de pre-enfermería en una escuela técnica local, Motta todavía no es enfermera.
Después de haber comenzado a asistir a las clases en Trident Technical College, Jessika Motta finalmente escuchó la verdad. Después de todo, no podría obtener la licencia de enfermería en Carolina del Sur. ¿Y esas becas que le habían prometido? Tampoco pudo obtenerlas debido a su estatus migratorio.
También supo por primera vez que estudiantes como ella tienen que pagar la tarifa de matrícula no estatal — y pagarla por adelantado. Los beneficiarios de DACA tienen prohibido por ley solicitar préstamos federales para estudiantes y recibir subvenciones federales o tener la oportunidad de participar en programas de trabajo y estudio. Para las universidades de Carolina del Sur en el año académico 2020-2021, la diferencia entre la matrícula y las tarifas promedio, dentro y fuera del estado, fue de $9,466.
En 1982, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió un caso que probablemente afecte su situación hoy en dia. Los jueces determinaron en Plyler v. Doe que los estados no pueden negar la educación pública a los estudiantes con base en si son inmigrantes o no. Hacerlo violaría aquella parte de la Constitución de EE.UU. que garantiza a cualquier persona dentro de la jurisdicción de Estados Unidos igual protección de las leyes, acordó la mayoría.
Debido a Plyler v. Doe, los distritos escolares no pueden ni deben discriminar a los estudiantes indocumentados en función de su estatus “, dijo el Dr. Benjamín Roth, profesor asociado de la Facultad de Trabajo Social de la USC.
Algunas escuelas han respondido a la situación adoptando la posición de que deben tratar a todos los estudiantes por igual, indicó Deborah Santiago, directora ejecutiva y cofundadora de Excelencia in Educación, una organización nacional sin fines de lucro que aboga por el éxito de los estudiantes latinos.
“No es auténtico decir que estamos educándolos a todos, que no hacemos distinciones y, por lo tanto, que todos están bien atendidos, cuando sabemos que las fortalezas y las necesidades de la comunidad [latina] tienen más matices”, dijo Santiago. “Creo que, en el mejor de los casos, eso es, en parte hipócrita, y una mala excusa por no hacer nada, en el peor”.
La consecuencia de ese enfoque puede ser que “hay muchos niños que terminaron la escuela secundaria sin haber recibido el tipo de apoyo particular que necesitaban de parte del departamento de orientación o de los trabajadores sociales de la escuela”, dijo Roth.
Después de que Motta cambió su especialización y tomó algunas clases adicionales, dejó de asistir. No tenía dinero para continuar. Y como muchos de los otros estudiantes, Motta informó que sufría mentalmente debido a la experiencia.
Después de que los consejeros vocacionales les prometieran una fantasía, y de que sus familias los criaran valorando la educación más que cualquier otra cosa, los beneficiarios de DACA dijeron que el impacto de descubrir la verdad sobre las restricciones de Carolina del Sur los hizo sentir inútiles o indefensos. Un estudiante dijo que cayó en depresión durante cuatro meses teniéndose que retirar de College of Charleston al descubrir que no podía permitirse acudir sin la matrícula estatal. Otro dijo que, al recibir noticias parecidos de la USC, su depresión duró medio año. Durante ese tiempo, investigó cómo suicidarse con veneno para ratas.
“Que te quiten eso por completo, realmente te pasa factura”, dijo Motta. “Consideras a este lugar como tu hogar, pero no eres bienvenido. Eso es algo difícil de procesar mentalmente”.
En cierto sentido, sin embargo, ella pudo haber tenido suerte. Al menos alguien le habló sobre las reglas al comenzar la universidad. Para Luis Balderas López y González-Rizo, la información ambigua con respecto a las leyes de licencias profesionales propagadas en los institutos de educación superior de Carolina del Sur les costó aún más tiempo y dinero.
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Costosa ignorancia sobre DACA en universidades, agencias de Carolina del Sur
En 2014, la oficina del Fiscal General de Carolina del Sur abordó una pregunta aparentemente sencilla: ¿una persona con estatus DACA sería elegible para una licencia profesional u ocupacional de Carolina del Sur?
Según la ley actual y la posición del gobierno federal, “un tribunal probablemente encontrará que a una persona a la que se le ha otorgado el estatus de Acción Diferida para la Llegada en la Infancia (DACA) se le debe negar una licencia profesional u ocupacional en Carolina del Sur”, respondió la oficina en una carta.
Pero cuando asistían a la universidad, los beneficiarios de DACA descubrieron que se les permitía terminar o casi terminar los cursos para profesiones, solo para luego informarles que debían cambiar su especialización o no podían presentarse a un examen final.
El State y el Island Packet confirmaron que la información inconsistente sobre las leyes se extiende más allá de la educación superior; representantes de agencias estatales dijeron a los reporteros que los beneficiarios de DACA podían obtener licencias que la oficina del Fiscal General, una abogada y un legislador indicó que no podían obtener.
Después de que las universidades de Carolina del Sur, que le habían prometido dinero, retiraron sus ofertas, López comenzó a construir barcos en lugar de ir a la universidad. Esperaba que el esfuerzo del trabajo manual sustituyera el dolor de sentir que el profesor de inglés en la escuela secundaria tenía razón; el que había pronosticado que no iría muy lejos porque era inmigrante.
Pero nunca olvidó su sueño de ir a la universidad. Armado con los ahorros que logró recoger trabajando en la construcción, López comenzó a tomar clases de EMT (técnicos en emergencias médicas) en Trident Technical College en North Charleston. Ha pagado miles de dolares para completar el curso mientras otros estudiantes no pagaron nada, ya que el está clasificado como estudiante internacional. Y terminó como el mejor en cuanto a desempeño en el grupo el año pasado, dijo.
López aún tiene poco que mostrar por sus esfuerzos, excepto una cuenta bancaria agotada. El personal de la universidad le informó recientemente que su estatus migratorio podría descalificarlo para tomar el examen de registro nacional, dijo el estudiante, asique lo pondrían en una lista de espera para que lo tomara mientras verificaban el tema.
“Ya gasté mi dinero. Ya tomé mis clases”, dijo. “Al menos debería obtener el valor de mi dinero”.
Trident Tech sabe que tener que pagar matrículas mas altas de lo que pagan los residentes de Carolina del Sur que nacieron en América es una carga pesada para los beneficiarios de DACA y apoya esfuerzos para que los “Dreamers” puedan accedar a una educación de manera más asequible, dijo el portavoz David Hansen. Hablando de las licencias, dijo que, “la universidad desalienta, pero no prohíbe, que los beneficiarios de DACA se inscriban en programas académicos que requieren licencias ocupacionales de Carolina del Sur”, dijo Hansen. Aún así, “la universidad no sabe de ninguna prohibición que impida que un EMT registrado a nivel nacional trabaje en Carolina del Sur”, agregó.
Cuando los reporteros consultaron con DHEC, la agencia que otorga licencias a los EMT en Carolina del Sur, sobre su conocimiento de las reglas, un representante respondió que nada impediría que un recipiendario de DACA se convirtiera en un EMT certificado en Carolina del Sur si cumplía con los requisitos.
Aunque una representante de DHEC dijo que la agencia sabía de la carta del Fiscal General, “no se nos ha presentado una situación específica hasta la fecha que requiera mayor investigación y una decisión sobre esta cuestión en lo que respecta a las solicitudes de certificación EMT, por ejemplo, una solicitud de un destinatario de DACA, y por lo tanto no hemos tomado una posición al respecto ”, dijo.
Mientras tanto, la carrera de López está en pausa. Aunque dijo que el personal de Trident Tech le informó después que podría tomar el examen, todavía está en la lista de espera.
“Este tipo de confusión muestra por que deberíamos tener una ley estatal que aclare que cualquier inmigrante con autorización de empleo puede recibir una licencia o certificación profesional emitida por una agencia estatal de Carolina del Sur”, dijo Louise Pocock, abogada de políticas de inmigración de S.C. Appleseed Legal Justice Center, una organización sin fines de lucro que defiende a los habitantes de Carolina del Sur de bajos ingresos.
A González-Rizo también le informaron por primera vez al final de su carrera que no podía terminarla.
Después de comenzar a solicitar su certificación como maestra de Carolina del Sur en su cuarto año de estudios de educación en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, un líder del programa educativo le dijo que tendría que cambiar su especialización, recuerda. El Departamento de Educación de Carolina del Sur le había notificado a la instructora que había sido informada en una carta que González-Rizo no podría certificarse como maestra si no podía obtener la licencia estatal, dijo.
“South Carolina State University hace todo lo posible para satisfacer las necesidades de una población estudiantil diversa y al mismo tiempo trabaja dentro de las pautas estatales y federales”, dijo Sam Watson, portavoz de la universidad. “El Departamento de Educación del Estado establece estándares para la certificación de maestros y otorga licencias. Nuestra misión es proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con esos estándares “.
Ryan Brown, director de comunicaciones del Departamento de Educación de Carolina del Sur, dijo a los periodistas que actualmente no hay nada en el proceso de solicitud que impida que un destinatario de DACA reciba la licencia de enseñanza.
”Técnicamente podría ser la ley, pero nuestro proceso no lo contempla “, dijo.
Un memorando legal escrito por Pocock explicó que está prohibido que los beneficiarios de DACA convertirse en maestros, ya que no cumplen con la definición de aquellos a quienes se les permite obtener certificaciones en ese estado, y la legislación estatal aún no les ha otorgado acceso específico.
El representante Neal Collins estuvo de acuerdo. “Tengo entendido que no pueden”, les escribió a una periodista.
De vuelta en la universidad, González-Rizo recuerda que no podía creer que la líder universitaria no estuviera familiarizado con las leyes de licencias profesionales desde el principio.
“Eso es literalmente lo que ustedes hacen”, pensó. “¿Cómo es que estamos todavía en lo mismo?”
Pagó un semestre adicional para poder graduarse con una especialización diferente. Pero los estudiantes de Carolina del Sur podrían haber pagado el costo final. Aunque ahora trabaja como maestra, atiende a niños en una escuela privada en Miami, Florida.
No es la unica. Todos menos uno de los siete “Dreamers” ya se habían marchado del estado o habían considerado irse.
“Fue tan tóxico”, dijo González-Rizo sobre sus experiencias en Carolina del Sur. “No importa quién eres, no importa lo que hayas hecho, no importa qué tan grande sea el sueño que tengas. Siempre te reducirán a ser un destinatario de DACA “.
El Dr. Harris Pastides, ex presidente de la USC y estadounidense de primera generación, sugirió que se debe evitar que el proceso de obtención de títulos y licencias sea tan difícil que los beneficiarios de DACA prefieran vivir en otro lugar.
“Espero que encontremos un camino en el futuro”, dijo. “Si no, estos jóvenes van a sentir que tienen que irse. No creo que eso sea lo que queremos como habitantes de Carolina del Sur “.
La ley que podría mejorar las vidas de los ‘Dreamers’, y la economía
El Departamento de Educación de Carolina del Sur conoce los retos que enfrentan los estudiantes de DACA.
A veces, los coordinadores de su programa de educación para migrantes refieren a los estudiantes a estados vecinos con oportunidades universitarias y profesionales más permisivas, dijeron representantes de la agencia.
Pero la agencia también sabe que podría estar haciendo mayores esfuerzos para informar a los empleados del distrito que los guían en las escuelas de Carolina del Sur.
Actualmente no capacita a los consejeros sobre las regulaciones que restringen las oportunidades de los beneficiarios de DACA, dijo Zach Taylor, líder del Equipo de Diversidad, Inclusión y Acceso de la agencia. “Creo que probablemente sea un área de crecimiento para nosotros”, agregó.
Si bien la agencia apunta a crecer, después de haber sido persuadida por los beneficiarios de DACA que relataron sus historias en la Cámara de Representantes, Collins está tratando de cambiar las leyes. Él cree que permitirles el acceso a profesiones con licencia es un asunto republicano.
“No conozco mejor sueño que alguien que està aquí teniendo una experiencia K-12 y que quiera mejorar su vida mediante más educación y un mejor trabajo”, dijo. “La filosofía republicana conservadora es que queremos que cada persona viva su sueño americano”.
Dado que no todas las profesiones con licencia están incluidas en el proyecto de ley que acaba de aprobarse en la Cámara y ya fue aprobada por un subcomité del senado, Collins planea redactar más proyectos de ley más adelante. Está concibiendo uno que otorgue a los beneficiarios de DACA la capacidad de obtener licencias en “cualquier otra profesión que necesitemos”, como maestros. Y espera poder sugerir que se otorgue acceso a una educación universitaria asequible a los beneficiarios de DACA poco después.
El principal beneficiario de la nueva legislación sería la economía de Carolina del Sur, cree Pocock.
“Es un gran beneficio para nuestro estado, porque no tenemos suficientes profesionales licenciados en varios campos”, dijo la abogada. “Esta será una forma de abordar ese problema”.
Mayorga estará atenta. Por mucho que quiera volver a casa, no está convencida de que esto suceda.
“A veces es como una relación tóxica”, dijo por teléfono, llamando desde Nueva Inglaterra. “Carolina del Sur nunca me quiso”.
